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"El primero en intentarlo fue el PP, en 2001, con su LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información). El Ministerio de Ciencia y Tecnología facultaba a una ambigua "autoridad competente" a clausurar páginas sin la intervención de los jueces. El PP explicó entonces que lo que intentaba era encontrar un mecanismo rápido para cerrar las web donde se refugiaban terroristas y pederastas. El problema era que la redacción de la ley abría la puerta a la censura. Y la Red no lo toleró. Los protagonistas de aquella protesta fueron la Asociación de Internautas (AI) y Kriptópolis, donde se agrupaban abogados defensores de los ciberderechos y hackers. La campaña No a la LSSI pronto se hizo muy popular en la Red, hasta el punto de que la AI recibía cada día "más de 5.000 comentarios sobre la ley", recuerda su presidente, Víctor Domingo. El Ministerio invitó a Domingo y a los miembros de Kriptópolis a diversas reuniones en las que trataron de convencerles de que aceptaran la medida. No tuvieron éxito. "Nos decían que sólo intentaban frenar las actividades delictivas. Pero el que decidía quién cometía delitos no era un juez", explica Carlos Sánchez Almeida, abogado especialista en ciberderechos y miembro entonces de Kriptópolis." -- Diario Público. Seis de diciembre de 2009. XXXI Aniversario de la Constitución española.

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